domingo, 1 de noviembre de 2009

La equidad social como garantia de calidad educativa

Las promesas del pasado que ubicaban a la educación pública y gratuita como medio superador, necesario y fundamental para superar las duras realidades sociales que afrontó Latinoamérica en el siglo pasado, dan paso hoy a nuevos y mas complejos desafíos, donde la pobreza endémica de las regiones mas postergadas del continente siguen esperando profundas políticas de estado socio-educativas que pongan su acento en revertir las duras cifras de pobreza, indigencia con altos índices de NBI, carencias formativas-educativas, sociales y materiales existentes desde hace tiempo en la región. Así pues según datos aportados por el Banco Mundial; aproximadamente entre el 32% y el 35% de la población de América Latina y el Caribe vive con menos de US$2,00 diarios (en paridad de poder adquisitivo). Aunque la magnitud de la pobreza (medida de acuerdo al criterio de línea de pobreza) se redujo en el decenio de 1990, el número de pobres aumentó y la tasa de indigentes continúa siendo más alta que en la década de los años 1980. Analizando los estudios que miden el nivel de avance por país sobre esta cuestión, emerge que países como Chile y Costa Rica han logrado importantes niveles de avance a diferencia de otros, con menos recursos, posibilidades o voluntades de sus gobernantes/funcionarios que evitan fijar políticas de estado estratégicas que superen sus mezquindades o diferencias partidarias, ni el énfasis necesario en orientar el accionar gubernamental en metas a mediano o largo plazo en favor de poblaciones postergadas y marginadas, ya que bajo un manto de clientelismo oportunista y prácticas demagógicas se extrae provecho de las necesidades e ignorancia de un pueblo dominado por unos pocos que se alternan en el poder a perpetuidad.
Según la CEPAL y el Banco Mundial, el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica son esenciales para la reducción de la pobreza, pero no son suficientes. El crecimiento debe estar acompañado por medidas para asegurar que sus beneficios lleguen a todos los segmentos de la población. Para lograrlo se deben contemplar cuestiones fundamentales, tales como; Creación de oportunidades económicas, promoción del desarrollo humano, mejoramiento de los sistemas de protección social y
de la calidad de vida, prevención de conductas negativas derivadas de problemas sociales, creación de sociedades incluyentes, mejoramiento de la responsabilidad y rendición de cuentas de las instituciones del estado, entre otras. En la Argentina existen serios planteos al INDEC encargado de realizar las estadísticas y mediciones sobre la pobreza en el país, de los recientes estudios se desprende que, en el primer semestre del año, la pobreza alcanzó al 13,9% de la población de los 31 aglomerados urbanos de la Argentina. Esto supone que 3,4 millones de personas no pudieron reunir los más de $ 1.000 mensuales que, según el Indec, constituyen el límite de ingresos para no caer en la pirámide social. De ese total, unas 995.000 personas son indigentes, dice el informe. A partir de esos datos, para el Indec, la pobreza descendió casi cuatro puntos porcentuales respecto de la primera mitad de 2008. Y la indigencia en el país bajó del 5,1% al 4%, en la comparación interanual. La encuesta también determinó que el aglomerado urbano del Gran San Miguel de Tucumán un 22,9% de los 800.000 habitantes son pobres. Esto significa unas 183.200 personas. La tasa fue mayor a la del segundo semestre de 2008 (18,7%), pero bajó respecto del primer semestre de 2008 cuando alcanzó al 27,7%. Según los datos del Indec, en 2003, el 67,2% de la población (unos 534.240 casos) no lograba reunir los ingresos para subir en la escala social.
El norte del país sigue siendo el territorio más castigado por la pobreza. En el NEA, la tasa llegó al 25,6%, mientras que en el NOA fue del 20,8%. Con un 9,3% de la población bajo la línea de pobreza, la Patagonia es la zona menos vulnerable del país.
Las cifras oficiales contrastan con proyecciones de consultoras privadas (afirman que la pobreza es superior al 30%) y hasta los cálculos de la Iglesia (habló de un 40%) Monseñor Jorge Casaretto dijo que hay que buscar consensos para luchar contra la pobreza y todos los sectores coinciden en la necesidad de fijar políticas de acción mas profundas, como la reciente asignación universal por hijo para las familias más pobres del país, que actualmente reciben asistencia desde diferentes planes sociales dependientes del gobierno. Avanzando con la relación pobreza-educación se agrega que el Ministerio de Educación de la Nación, ha hecho conocer cifras acerca de la población escolarizada en la Argentina. El 90 por ciento de los niños de 5 años, en todo el país, está cursando el ciclo preescolar. En la franja de edad de 6 a 11 años la escolarización trepa al 98 por ciento. En la de 12 a 17, correspondiente a la escuela secundaria, es menor, pero de más del 80 por ciento.
Los números no encajan en muchas descripciones corrientes, particularmente con las que unen, en un mismo esquema, desescolarización y pobreza. Es un hecho cierto en nuestro país, absolutamente demostrable, que la población escolar viene creciendo fuertemente en todos los escalones del sistema, desde hace años. Pero cantidad de niños escolarizados no es sinónimo de calidad educativa, tampoco lo es el haber extendido la obligatoriedad para el nivel secundario, ya que si bien podemos tener las aulas llenas de pibes, debemos preguntarnos; si tienen la panza llena, si la familia, como debería, acompaña a la escuela en la formación integral de sus hijos, si los docentes están debidamente capacitados para responder a éstos nuevos desafíos, si se cuenta con los medios y recursos suficientes para garantizar una enseñanza profunda y abarcativa de los contenidos básicos y fundamentales. Calidad es todo eso y mas aún, significa darle a ese alumno un andamiaje sólido, bases y herramientas para un futuro mejor, elementos superadores de una realidad que hoy se muestra sombría. La pregunta que se desprende es si estas metas superadoras se pueden lograr en contextos sociales/regionales y macroeconómicos tan vulnerables e inestables, donde la calidad de vida todavía es una asignatura pendiente.
Pese a lo que se sigue diciendo, el número de nuestros analfabetos disminuyó en el período 1980-1990 en un 8,7 por ciento, con lo cual la tasa correspondiente bajó al 4,7 por ciento. Hay algo más de un millón de adultos que no saben leer ni escribir, casi todos de mucha edad.
Según datos de UNESCO, junto con el aumento de la población de nivel primario creció la de las escuelas secundarias. Chile pasó de un 53 por ciento de escolarización en 1980 a un 72 por ciento en 1990 y Uruguay cambió entre el 62 y el 81 por ciento. Las universidades no se quedaron atrás. Los países latinoamericanos, al mismo tiempo que incrementaban sus tasas de escolarización, veían retroceder sus economías. La Unesco registra sólo unos pocos y leves crecimientos anuales en el período 1980-1990: 0,6 por ciento en Brasil, 1,1 en Chile, 1,1 en Colombia.
La extensión de los sistemas escolares no ha servido para generar mayor desarrollo económico de por sí, si es que no va acompañado por políticas sociales mas globales, abarcativas y sustentadas en el tiempo. Políticas educativas inclusivas, que pretendan acceso y permanencia a una enseñanza de calidad, sin discriminación y que a su vez sean pilar de desarrollo económico, debe ir acompañadas de activas acciones gubernamentales de corte social, fijadas con un criterio claramente distributivo en favor de los que menos tienen. Poco podremos avanzar, si nuestros niños no provienen de familias constituidas por padres que aporten con el sudor de su frente y capacidades a un genuino bienestar familiar, siendo ellos modelos a imitar para sus hijos, donde la cultura del trabajo digno vuelva a instalarse y el conocimiento se instaure como medio necesario no sólo de promoción social sino como instrumento para liberar a los pueblos de la dependencia de políticas engañosas y corruptas. Nuestros maestros poseen mayormente la vocación social y voluntad de acompañamiento que históricamente ha sido demostrada en sus luchas en defensa por una escuela publica de calidad y para todos, sus capacidades han sido puestas de manifiesto cada vez que estoicamente hicieron y hacen frente con escasos medios y recursos las duras realidades que se presentan en sus aulas. Pero esta lucha quijotesca no se gana desde la soledad del aula, es necesario formalizar alianzas, es pues hora de sumar voluntades y orientarlas hacia un futuro venturoso, colocando nuestros recursos humanos y económicos en pos de alcanzar una sociedad mas justa y próspera en nuestra región. Políticas sociales y educativas deben caminar juntas, estrechamente relacionadas, con metas y objetivos comunes, acciones compartidas y así de la mano de ambas y con gobierno comprometidos, con sensibilidad social y fortaleza moral, llevar a nuestros niños y países a un futuro venturoso que todavía parece lejano.
Queda mucho por hacer, nuestros niños esperan y el momento es ahora…

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